Organizaciones que trabajan en beneficio de los derechos de los migrantes se pronunciaron por la continuidad de la norma.
El uso de la norma sanitaria Título 42 para expulsar de manera expedita a migrantes que buscan asilo es «racista y xenófobo», y el gobierno del presidente Joe Biden debe poner fin a esa política, afirmaron activistas el pasado jueves 17 de marzo.
Más de 1.6 millones de migrantes han sido rechazados en la frontera sur de Estados Unidos desde hace dos años, cuando el gobierno de Donald Trump recurrió a esa norma de salud pública para expulsar a los extranjeros en medio ante la pandemia.
Cientos de miles de migrantes, en su mayoría de América Central, pero con número creciente de suramericanos, africanos y asiáticos, han permanecido en campamentos y situaciones precarias en el norte de México expuestos, según los activistas, a asaltos, violaciones, secuestros y homicidios.
En semanas recientes el puerto fronterizo de San Ysidro en la ciudad mexicana de Tijuana, frontera con EE. UU., se ha convertido en un campamento de refugiados rusos y ucranianos, a los que se les han sumado algunos bielorrusos.
«El gobierno del presidente Joe Biden ha continuado el uso de esta norma inhumana e ilegal que ha negado a cientos de miles de personas su derecho a solicitar el asilo», afirmó en una teleconferencia Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés).
Agregó que:
«Esta política racista y xenófoba es parte de un sistema de inmigración racista que expulsa y criminaliza a los migrantes, particularmente a los de color».
Migrantes no son riesgo
Cody Wofsy, abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), señaló que «no hay una justificación de salud pública para esta política» que deja en manos de los funcionarios de la frontera la determinación de cuáles migrantes puedan ser una amenaza para esa salud.
Allen Orr, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), enfatizó que el uso del Título 42 «no es legal, debería ser cambiado, es anticuado y jamás debería usarse otra vez».