Se contemplan multas para los negocios que de manera reiterada incumplan en requerir pruebas de vacunación anticovid, se señaló.
La ordenanza que requiere mostrar una prueba de vacunación completa contra el covid-19 para comer en el interior de restaurantes e ingresar a cines, salones de belleza, gimnasios y centros comerciales entró en vigor el pasado lunes 8 de noviembre en Los Ángeles, en California, a la par de varias campañas educativas dirigidas a los clientes y negocios.
En octubre pasado el Concejo de Los Ángeles aprobó la ordenanza Safe Pass LA, uno de los mandatos más estrictos de su tipo en la nación, que exige a los clientes de ciertos negocios mostrar evidencia de la vacuna contra el covid-19.
Los clientes deberán presentar una tarjeta de vacunación emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) o documentación similar emitida por alguna agencia gubernamental extranjera, en el caso de los turistas.
También se aceptarán registros digitales de vacunación, fotocopias de la tarjeta o una fotografía almacenada en un teléfono o dispositivo electrónico.
Establecen comprobar vacunación
La ordenanza estableció varias excepciones por motivos de salud o religiosos, pero estos clientes deberán mostrar pruebas negativas recientes o en caso contrario ser atendidos en un espacio al aire libre.
Ese mismo día también arrancó una campaña de divulgación y educación sobre la nueva ordenanza.
Las empresas que violen la ordenanza por segunda ocasión recibirán una multa de US$1 mil. Pero si se incurre en la falta la multa se incrementa a US$2 mil.
Finalmente, si la situación se comete por cuarta ocasión, la sanción alcanzará los US$5 mil. Las multas no comenzarán a expedirse sino hasta fin de mes.
La norma dejará de aplicarse cuando la ciudad levante la declaración de emergencia por la pandemia de covid-19.
A comienzos de agosto, Nueva York fue la primera ciudad en EE. UU. en aprobar una medida similar, pero poco después los dueños de restaurantes allí presentaron una demanda en la que aseguraban que las nuevas normas perjudicaban gravemente a sus negocios.