Por haber detenido ilegalmente a más de 18 mil 500 migrantes, quienes en su mayoría terminaron siendo retornados a sus países, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, California, aprobó este martes un acuerdo para entregarle una compensación económica a cada uno.
El acuerdo es parte de una demanda presentada en 2012 por varios indocumentados que fueron retenidos en las cárceles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), algunos durante meses, a solicitud del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Cada demandante podrá recibir de US$250 a US$25 mil, según el tiempo de retención y otras circunstancias.
Son más de 18 mil 500 personas tienen derecho a una compensación por las detenciones desde octubre de 2010 hasta junio de 2014.
En ese período, el condado de Los Ángeles fue responsable de retener a más personas en sus cárceles que cualquier otro condado, advirtió este martes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California en un comunicado.
«Dejemos que este acuerdo sea una llamada de atención para todas esas agencias de aplicación de la ley en todo el país que hoy continúan encarcelando a personas ilegalmente por solicitudes sin orden judicial del ICE».
Jennie Pasquarella, directora de derechos de inmigrantes de ACLU en el Sur de California.
Mexicanos al frente de la demanda
La querella legal fue presentada en nombre de cinco migrantes, entre ellos el mexicano Alain Martínez Pérez, que fue retenido por los alguaciles de forma ilegal por 6 días en diciembre de 2011 sin permitírsele que le dieran una fianza.
Clemente De La Cerda y Christian Michel Varela, también mexicanos, se sumaron a la demanda inicial que fue presentada por ACLU, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), y el bufete de abogados de derechos civiles Kaye, McLane, Bednarski & Litt.
“Durante años, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, la agencia de aplicación de la ley más grande de Estados Unidos, negó cruelmente las protecciones constitucionales que se aplican universalmente a todos los demás detenidos en la cárcel, reteniéndolos injustificadamente sin causa como prisioneros”, dijo Lindsay Battles, socia del despacho legal.
Los fondos excedentes, si los hay después de que se les pague a los demandantes, se destinarán a programas que brindan representación legal a personas que enfrentan consecuencias de inmigración debido a un arresto o condena.
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En 2014, el LASD acordó detener la práctica pero siguió colaborando con el ICE hasta la llegada del jefe Alex Villanueva, quien puso fin a la colaboración y no permitió a los agentes de migración estar dentro de las cárceles.
Villanueva ha apoyado las políticas santuario como la ley SB 64 que la Administración del presidente Donald Trump y el ICE han tenido en la mira.
«Durante los últimos cuatro años, el ICE y la Administración Trump han coaccionado, amenazado y difamado a las llamadas ciudades santuario por negarse a honrar las solicitudes ilegales de retención del ICE», resaltó Mark Fleming, director asociado de litigios del NIJC.
La semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, informó el arresto de 128 indocumentados en California como parte del operativo «Operation Rise”, en medio de una campaña de las autoridades federales para poner de relieve su oposición a las comunidades santuario.
«Lamentablemente, hay dirigentes políticos, muchos de ellos en California, que dan prioridad a la política sobre la seguridad con las así llamadas ‘ciudades santuario’, dijo Wolf en una conferencia de prensa.
Y concluyó: «Erróneamente, creen que esto muestra compasión, pero el hecho es que no muestra compasión por las vidas de los estadounidenses».