El 11 de mayo caduca el Título 42, el cual permite la deportación inmediata de los migrantes que llegaban a EEUU.
Los alcaldes de Laredo y El Paso, Víctor Treviño y Oscar Leeser, respectivamente, han declarado estado de emergencia en las ciudades texanas al aproximarse el fin del uso del Título 42, que ha permitido la expulsión expedita de cientos de miles de indocumentados.
Treviño que firmó la orden por siete días espera que el concejo de su ciudad vote por extender la medida.
La herramienta le permitirá a la ciudad "prepararse para el aumento de migrantes que se espera", dijo Treviño al medio especializado Border Report.
Leeser coincidió con su homólogo y dijo en una conferencia de prensa que la declaración de emergencia en El Paso es una forma de "prepararse para lo desconocido" una vez que caduque el Título 42 el 11 de mayo.
El uso de esa norma sanitaria para rechazar a los migrantes comenzó en marzo de 2020 durante el Gobierno del entonces presidente Donald Trump y después de querellas judiciales el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ordenó en diciembre de 2022 su mantenimiento de forma temporal.
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La razón por la cual declaramos un estado de emergencia es para asegurarnos de que estaremos preparados para el 11 de mayo, el 12 de mayo, para tener alojamientos públicos, y que esto sea realmente temporal", indicó Leeser.
La emergencia durará siete días y, si fuese necesario, la alcaldía recurrirá al Concejo Municipal para una extensión de 30 días, añadió el alcalde de la ciudad fronteriza, en la ribera norte del Río Grande frente a Ciudad Juárez (México).
Dijo que la ciudad montará sitios de alojamiento en la medida necesaria y probablemente deberá proveer, como lo hizo hace seis meses, transporte para ayudar a los migrantes a llegar a su destino si arriban en números mayores que los que puede atender la región.
Pero esos alojamientos, y otros que operan con fondos del Gobierno federal, no pueden atender a los migrantes que están en el país sin la documentación apropiada, enfatizó Leeser.
La ciudad, añadió el alcalde, puede encargarse del cumplimiento de las leyes locales que prohíben el campamento en las calles y veredas, pero no se ocupará del cumplimiento de las leyes de inmigración, que son asunto de Gobierno federal.
Más de 500 migrantes se han congregado en torno a la iglesia católica del Sagrado Corazón después de que cruzaron la frontera la semana pasada.
En su mayoría estos migrantes provienen de Venezuela, pero el diario El Paso Matters indicó que también hay hombres, mujeres y niños de Guatemala, Ecuador, Cuba, Colombia y otros países.