Condado Marin, en el norte de California, dejará de compartir información con ICE
El acuerdo responde a una queja presentada en octubre de 2021, que advertía que se estaba violando la Ley SB64, que restringe la colaboración de la policía de California con las autoridades de inmigración
El condado de Marín de California acordó dejar de compartir con las autoridades de inmigración la información de conductores y residentes recolectada a través de sus cámaras de vigilancia, informó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
El acuerdo responde a una queja legal presentada por varios integrantes de la comunidad en octubre de 2021, que pedían al Departamento de Alguacil de Marín dejar de compartir información con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés).
La queja advertía que el jefe del alguacil de Marín, Robert Doyle, estaba violando la Ley SB64, que restringe la colaboración de los departamentos de policía de California con las autoridades de inmigración, al compartir los datos recolectados por las cámaras del Lector Automatizado de Matrículas.
Aunque Doyle se había comprometido a realizar cambios desde que la SB64 entró en vigencia en enero del 2018, la demanda aseguró que el alguacil continúo poniendo "ilegalmente" a disposición de las autoridades de inmigración la información de matrícula y la ubicación de los conductores del condado de Marín, ubicado al norte de California.
Las cámaras del Lector Automatizado de Matrículas escanean decenas de miles de automóviles al mes, registrando el número de placa, fecha, hora y ubicación.
Información en las manos
Esta información se puede utilizar para identificar y rastrear a los conductores, revelando dónde viven y trabajan, cuándo visitan a amigos o dejan a sus hijos en la escuela, señaló ACLU en un comunicado.
Agregó que estos datos ayudan a las autoridades de inmigración a seguir, encarcelar y deportar a los inmigrantes.
Bajo el acuerdo, el alguacil Doyle dejará de compartir la matrícula y la información de ubicación de los vehículos con agencias fuera de California para cumplir con las leyes estatales.
Vasudha Talla, directora del Programa de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo que “este acuerdo es una victoria para las personas desfavorecidas y marginadas, incluidos los inmigrantes, que históricamente han sido objeto de abusos contra los derechos civiles a través de la vigilancia invasiva por parte de la policía”.