Este fallo podría permitir que los solicitantes de asilo esperen en EE.UU. la resolución de sus casos.
Un juez federal de Texas anuló su orden de restablecer el programa “Quédate en México” lo que permite al Gobierno del presidente Joe Biden poner fin a la medida, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de EE.UU. el trámite de sus casos.
El juez federal Matthew Kacsmaryk en Texas anuló su fallo en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU.
La petición se basó en el fallo emitido en junio pasado por la Corte Suprema, que dictaminó que la Administración Biden puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump.
Programa establecido por Trump
La Administración demócrata eliminó en febrero de 2021 el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como "Quédate en México", establecido por Trump (2017-2021), pero en respuesta a una demanda encabezada por Texas las cortes obligaron a restablecer la medida en diciembre pasado.
El fallo del máximo tribunal devolvió la querella legal a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedido en octubre pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Mayorkas argumentó que había fallas en el proceso y falta de "protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley", coincidiendo con las razones que los defensores de los inmigrantes han expuesto contra el programa. “Tiene fallas de origen e impone costos humanos injustificables”, sostuvo.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) acogió favorablemente la decisión del magistrado y dijo que "se compromete a poner fin a la implementación de MPP de una manera rápida y ordenada".
Más de 60 mil solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales quedaron varados en campamentos en la frontera mexicana, hicieron parte de la primera parte del programa.
Cerca de 5.800 inmigrantes han sido procesados a través de la segunda fase de MPP impuesta desde diciembre pasado, según recientes cifras. La mayoría son de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela