El plan piloto del programa "Quédate en México" se desarrolló en 2019 en el puerto de San Diego, en California, y causó opiniones encontradas.
Estados Unidos expandió el pasado lunes 3 de enero la política “Quédate en México” al puerto fronterizo entre San Diego, en California, y Tijuana, en México, después de que el programa fuera reanudado hace casi un mes en el puerto fronterizo de El Paso, en Texas, dijeron funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden a reporteros especializados.
El 6 de diciembre de 2021, el gobierno de Biden tuvo que restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP. por sus siglas en inglés), designación formal de «Quédate en México», obedeciendo la decisión de un juez federal en favor de dos estados conservadores que exigieron la reanudación del programa después que fuera cancelado en enero de ese año.
Ahora en California
Periodistas especializados informaron que altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informaron en una llamada de la reanudación del programa, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el vecino país mientras se resuelven sus casos en territorio estadounidense, y para eso deberán esperar en el puerto fronterizo de San Diego.
Esta política, establecida por la administración del ahora expresidente Donald Trump, se inició en 2019 con un programa piloto en el puerto fronterizo en San Diego, por lo que las autoridades federales y los grupos que abogan por los inmigrantes se enfrentaron durante dos años por esa política que dejó esperando en México a cerca de 70 mil solicitantes de asilo.
Piden revisar fallo
La última semana de diciembre, el gobierno de Biden pidió al Tribunal Supremo que revise el fallo que mantuvo en vigor el MPP.
En concreto, la administración busca que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que el 13 de diciembre del año anterior rechazó la solicitud del Ejecutivo de bloquear una orden de un juez federal que dio la razón a Texas y Misuri.
La petición también argumentó que el MPP «no es la mejor herramienta» para disuadir la migración irregular”, además de que expone a los migrantes «a riesgos inaceptables» y resta valor a los esfuerzos del gobierno para gestionar la migración.