Alejandro Mayorkas, titular del DHS, indicó en un comunicado que los inmigrantes serían beneficiados con el cambio.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el pasado jueves 17 de febero que tiene lista la nueva regla de carga pública, que niega la residencia permanente a los inmigrantes solicitantes con “probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia», lo que reduciría el número de extranjeros afectados por esta disposición.
El cambio hace parte de las promesas hechas por el gobierno del presidente Joe Biden para deshacer políticas de la administración de Donald Trump.
En 2019, el gobierno reformó la norma de inadmisibilidad por carga pública, lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y ocasionó que muchas familias dejaran de recibir ayudas para sus hijos estadounidenses.
“La regla de carga pública de 2019 no fue congruente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
Además, dijo que bajo la propuesta del gobierno de Biden “volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por optar a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellas”.
Se afirmó que la nueva regla brindará «un trato justo y humano» a los no ciudadanos que soliciten admisión a Estados Unidos o que soliciten la residencia dentro del país.
Beneficios para inmigrantes
Biden anuló en marzo de 2021 los cambios hechos por Trump, y ahora el DHS precisa los nuevos parámetros. La nueva regla propone definir la «probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento» como una «probabilidad de depender principalmente del Gobierno para su subsistencia».
Así, no serían calificados como «carga pública» los beneficiarios de:
- Programas de asistencia alimentaria y nutricional.
- El Programa de Seguro Médico para Niños.
- Quienes reciben beneficios de vivienda y bonos de transporte.
El DHS tampoco consideraría la asistencia por desastre recibida bajo la Ley Stafford, la asistencia por la pandemia, los beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal, el Seguro Social, las pensiones del Gobierno u otros beneficios ganados como criterios de inadmisibilidad.
La nueva regla será publicada en breve en el Registro Federal, y a partir de ese momento tendrá un periodo de comentarios públicos de 60 días.