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Un guatemalteco entre los 21 migrantes muertos bajo custodia del ICE

EFE
30 de septiembre, 2020 | 17:43 hs

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cierra este miércoles el período fiscal 2020 con 21 migrantes muertos bajo su custodia, la cifra más alta desde hace 15 años debido al covid-19 en sus centros de detención, denunciaron activistas.

Entre los decesos está el del guatemalteco Santiago Batel Oxlaj, de 34 años, contagiado con el nuevo virus en el centro de detención en Stewart, Georgia, donde se reportaron otras dos muertes por la misma causa.

Se trata del mexicano Cipriano Chávez Álvarez, de 61 años y el costarricense José Guillen Vega, de 70 años.

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ICE concluye hoy el período fiscal 2020 con más de 19 mil 791 hombres, mujeres y niños en sus centros de detención, menos de la mitad de los casi 46 mil que tenían en enero pasado, luego que por la pandemia del covid-19 se redujeran las capturas y se deportara y liberara a miles de indocumentados.

Pero la de cifra de muertos supera con creces los ocho fallecimientos en el período fiscal 2019, y es la más alta desde los 21 decesos registrados en 2005.

Los datos de ICE indican que ocho de las personas fallecidas bajo su custodia murieron tras ser contagiados del nuevo coronavirus.

«Muchas de estas muertes fueron evitables, innecesarias y resultado directo de la negativa del gobierno de tomar medidas básicas para proteger la salud de los detenidos», dijo John Sandweg, exdirector de ICE.

Otros indocumentados

En el comienzo mismo del periodo fiscal, el 1 de octubre de 2019, Nebane Abienwi, de 37 años de edad, oriundo de Camerún, casado y con tres hijos, murió tras un derrame cerebral. Abienwi había ingresado a EE.UU. desde México el 5 de septiembre y estaba recluido en el centro de detención de Otay Mesa.

La muerte más reciente, según ICE, ocurrió el 26 de septiembre cuando Romien Jally, de 56 años y oriundo de las Islas Marshall falleció por complicaciones de Covid-19 en el hospital Christus St. Frances Cabrini de Alexandria, Louisiana.

Los datos que relacionan esa población cautiva y la pandemia dan otra dimensión del número de detenidos: según ICE hasta el 25 de septiembre se había efectuado la prueba de detección del virus a 42 mil 366 personas, de las cuales 6 mil 168 resultaron positivos. Actualmente 582 detenidos están lidiando con el contagio, y se encuentran aislados.

Más de un tercio de los migrantes indocumentados que murieron estando bajo custodia de ICE en este período fiscal, había tenido resultados positivos por covid-19.

Empresas privadas incumplen

ICE tiene al menos 40 sitios de detención de indocumentados, muchos de ellos operados por empresas privadas que, según los críticos, incumplen con las normas gubernamentales para la custodia de individuos.

«Por seis meses, los defensores de los inmigrantes han estado alertando sobre la amenaza que el covid-19 representa para las personas detenidas, como asimismo para el personal que trabaja en estos centros», sostuvo Andrea Flores, subdirectora de ACLU.

«La forma en que ICE maneja esta crisis refleja la profundidad de su indiferencia hacia la vida de los inmigrantes: desde las transferencias», apuntaron.

Durante todo el año el Caucus Hispano del Congreso, grupos de derechos humanos, abogados de inmigración y activistas latinos han denunciado no sólo la política migratoria estadounidense, sino también lo que han descrito como condiciones de hacinamiento y deficiente asistencia médica en los centros de detención.

ICE, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con un presupuesto anual de más de US$7 mil 600 millones y unos 20 mil 000 empleados, es una de las tres agencias claves en la aplicación de la política contra los inmigrantes.

«ICE tiene un largo historial de abusos, desde la separación deliberada de las familias a la discriminación racial y los allanamientos sin orden juficial», afirmó el American Field Services (AFS), una organización cuáquera creada en 1917.

AFS, que ha iniciado una campaña pidiendo al Congreso la abolición de ICE, dijo que los legisladores que aprueban fondos para la agencia hace que ellos mismos, y todos los que pagan impuestos, sean cómplices en las violaciones de los derechos humanos.


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